Durante mucho tiempo, los medios de comunicación social tuvieron el poder de decidir qué hechos llegaban a la sociedad y cuáles quedaban fuera de la agenda. Hoy ese poder comparte espacio con una fuerza menos visible, pero cada vez más determinante: los algoritmos. En América latina, millones de personas reciben diariamente noticias, opiniones, videos y comentarios seleccionados por sistema que analizan nuestros gustos, búsquedas, relaciones y comportamientos digitales.
El problema no es la existencia de los algoritmos, sino el poder que tiene para jerarquizar la información.
Aquello que provoca mayor reacción, indignación, miedo, escándalo o confrontación puede recibir más visibilidad qué una información rigurosa pero menos atractiva. De esta manera, cada ciudadano puede terminar viviendo dentro de una realidad informativa diferente, rodeado de contenidos que confirman sus propias ideas. Así se fortalecen las llamadas burbujas informativas y la polarización política y social.
En América Latina, donde las desigualdades educativas, económicas y tecnológicas siguen siendo importantes, este fenómeno plantea un desafío democrático. Un ciudadano que no tiene herramientas para verificar una información puede convertirse fácilmente en receptor y multiplicador de rumores, noticias falsas o manipulaciones políticas. La inteligencia artificial agrava el desafío al permitir producir imágenes, videos, voces y textos falsos con una rapidez y sofisticación desconocidas hasta hace pocos años.
Panamá tampoco está al margen de esta transformación. Las redes sociales son cada vez más importantes para informarse, opinar y participar en el debate público. Por ello, la discusión sobre democracia ya no puede limitarse a la libertad de prensa: debe incluir también la transparencia de los algoritmos, la protección de los datos y la alfabetización digital.
El desafío latinoamericano consiste en recuperar capacidad crítica frente a una tecnología que no debe convertirse en árbitro de la verdad. Los algoritmos pueden organizar información, pero la sociedad debe conservar la capacidad de cuestionarla, contrastarla y decidir que considera verdadero.